La teoría del caso que acreditó la fiscalía durante el juicio de responsabilidad realizado en agosto es que el 20 de julio de 2021, antes de las 00:30, A.I.K ingresó al domicilio de su expareja, se escondió debajo de la cama y luego, ante la presencia de la mujer, salió y la abusó sexualmente. Finalmente el imputado se dio a la fuga.
Por pedido del asistente letrado Maximiliano Cattafesta, un hombre, A.I.K condenado por abusar sexualmente de su expareja en la ciudad de San Martín de los Andes, seguirá detenido.
Durante la audiencia realizada ayer, el funcionario de la fiscalía explicó que el 8 de agosto de este año se dictó la sentencia de responsabilidad del imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, en carácter de autor (artículos 119 tercer y cuarto párrafos inciso “d” y 45 del Código Penal).
Luego, en septiembre, se le impuso una pena de 9 años de cumplimiento efectivo. En ese sentido, el asistente letrado indicó que actualmente la defensa presentó una impugnación y aún no se dictó una resolución. Añadió que el hombre se encuentra detenido desde octubre del año pasado, en resguardo de la integridad psicofísica de la víctima y ante el peligro de entorpecimiento. Posteriormente esa medida fue prorrogada en reiteradas oportunidades.
El 14 de noviembre de 2021, la defensa solicitó atenuar la medida cautelar, pero la jueza de garantías rechazó el pedido, y el sábado se cumplirá un año desde la imposición. Ante la condena a 9 años, que será ejecutable una vez que se cumplan todas las instancias de impugnación, la fiscalía solicitó la extensión de la prisión preventiva por dos meses más. Cattafesta argumentó que se mantienen todos los riesgos procesales: entorpecimiento de la investigación, integridad de la víctima y peligro de fuga. “Se encuentran cumplidos todos los requisitos legales ya que existen elementos de convicción suficiente para considerar que el delito se cometió y que el imputado es el autor”, afirmó.
Por último, sostuvo que ya no se está sólo frente a “una imputación”, sino que “hay una sentencia de responsabilidad y una cesura”, con “una pena concreta y elevada”.
El juez de garantías hizo lugar al pedido de la fiscalía y prorrogó la prisión preventiva por el término de dos meses, fundado en la Ley 3234, impulsada por el fiscal general José Gerez, que establece la extensión excepcional de la prisión preventiva prologando, de un año a nueves meses más, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del COVID-19.
