El proyecto rechaza el despido de trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en la provincia, así como el cierre de oficinas del organismo en Aluminé y Junín de los Andes. Califican de “arbitraria, torpe y cruel” la medida y piden su revisión.
La iniciativa solicita al Ejecutivo nacional a asegurar el acceso de la población de toda la provincia a las prestaciones de ANSES y que mantenga en funcionamiento las delegaciones del interior y garantice la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras despedidos, preservando sus tareas y funciones.
Los fundamentos mencionan que desde el gobierno nacional se dispuso un masivo despido del plantel trabajador de distintas delegaciones de la ANSES en el interior. En efecto, aunque no hay cifras oficiales, se calcula que en total fueron afectados 1400 trabajadores y trabajadoras, cifra que supera el 10% del total de la planta del organismo.
Más adelante mencionan que la Patagonia es una de las regiones más afectadas por la medida, con el cierre de numerosas oficinas que prestaban acceso a las prestaciones de ANSES a una población con una gran dispersión territorial. En Neuquén, se bloqueó el registro de asistencia y el acceso a los sistemas informáticos a todo el personal de las oficinas de Aluminé y Junín de los Andes.
La delegación de Aluminé atendía a pobladores de la zona, no solo de la propia localidad. Se trata de unas 15 mil personas, en muchos casos en situación de vulnerabilidad económica y social, que ahora deberán viajar hasta Zapala para acceder a sus derechos. En tanto, la oficina de Junín de los Andes, atendía -con solo dos trabajadores- a una población de 20 mil personas, una parte importante radicada en la amplia zona rural del Departamento Huiliches. Atendía un promedio de 60 personas por día y tenía iniciados 200 trámites de jubilación, entre otras gestiones.
La apertura de ambas oficinas fue un reclamo histórico de las comunidades en cuestión. Se pusieron en marcha a través de convenios con los municipios, que afronta el alquiler de los locales y el pago de los servicios, por lo que el organismo nacional sólo se hace cargo del pago de los salarios del personal y de la provisión del equipamiento informático.
El proyecto de comunicación (16564) ingresó por Mesa de Entradas el 27 de marzo.
