Presentaron un proyecto para modificar la ley 715 del personal policial con el objetivo de sustituir el arresto policial que se aplica como medida interna disciplinaria por puntos desfavorables computables en la calificación anual. Se trata de una iniciativa particular impulsada por Mónica Vanuffelen, personal de la institución policial.
La autora del proyecto explica que el arresto policial es una práctica que data de la dictadura militar y se utiliza como medida disciplinaria “limitando la libertad de andar de los individuos y obligándolos a permanecer en sus lugares de trabajo cuando les corresponde descanso laboral por la misma franja horaria”. En ese sentido, plantea que es una medida dañosa y abusiva para la persona en su desempeño laboral.
La modificación implica que el personal policial podrá ser administrativamente disciplinado sin que resulte agredida su capacidad física y jurídica de circular libremente.
Vanuffelen también expone argumentos desde la perspectiva de género al enfatizar que este tipo de sanciones aumenta la asimetría de poder que deriva de la jerarquización funcional y remarca que la mujer policía “se encuentra en una crítica situación de interseccionalidad debido a la triple vulnerabilidad en la que confluyen la propia de su género en el contexto social, la subestimación interna en el ámbito laboral y la indiferencia estatal sobre el asunto”.
En los fundamentos, advierte que, al limitar la libertad de andar del personal policial por situaciones laborales, la sanción disciplinaria prevista en la ley constituye la figura de “privación ilegítima de la libertad al no derivar de la comisión de un delito ni ser fallada por un juez” y subraya que se la utiliza como presión psicológica que genera sentimientos de humillación, pérdida de autoestima, angustia y depresión.
Analiza que, en el caso de las mujeres, el agravio es aún más transgresor porque violenta tratados internacionales ratificados por Argentina y expresa que el arresto policial no debería existir en un Estado democrático. En ese marco, argumenta que la modificación permitirá erradicar esa práctica violenta y “viabilizar la obligatoriedad del Estado de hacer cesar el padecimiento”.
El proyecto (16009) ingresó por Mesa de Entradas el 16 de mayo.
