Entre los despedidos hay tres policías que estuvieron bajo arresto y trabajadores de salud que sumaron gran cantidad de faltas injustificadas y se sumó la suspensión de un agente de ISSN.
Los últimos días de noviembre y los primeros de diciembre, el Gobierno neuquino expulsó a tres agentes de la administración pública, despidió a tres policías y le rechazó el pedido de perdón a un empleado que fue suspendido en el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).
Uno de los despedidos se llama Eduardo Enrique Antonio López Luján, a quien la subsecretaría de Salud le había iniciado sumario administrativo por presunto abandono de cargo, durante el periodo comprendido entre el 6 de marzo y el 31 de mayo de 2023. Los auditores dieron por acreditado que incurrió en esa falta grave y el gobernador le aplicó la cesantía. Se desempeñaba como técnico de imágenes en el Hospital Heller, de la ciudad de Neuquén.
También cesantearon a la ahora ex agente Vanina Irene Edith Viedma, quien oficiaba de auxiliar de estadística del Hospital de Centenario, hasta que cayó en desagracia por haber incurrido en inasistencias continuas, discontinuas e injustificadas durante 2022.
Otra de las despedidas fue identificada como Tamara Ailén Figueroa, quien pertenecía a la planta permanente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral y cargaba sobre sus espaldas con una causa judicial que la inhabilita para el ejercicio de la función pública. Según consta en el expediente, el 18 de junio de 2024, la Justicia la declaró responsable de los delitos asociación ilícita en concurso real con cuatro hechos de estafa genérica en calidad de coautora. Fue por eso que se le impuso la pena de tres años de prisión condicional. Ahora, el gobernador la dio de baja de los cuadros de la administración pública provincial.
Distinto es el caso de Mario Eduardo Cuevas quien, el 22 de mayo de 2024, interpuso recurso administrativo contra las resoluciones del ISSN, mediante las cuales se le impuso un castigo de 20 días de suspensión sin goce de haberes. Le endilgaron omisiones en su obligación de verificar que los trámites de otorgamiento de beneficios se ajusten a la normativa vigente, y negativas en su responsabilidad de supervisar el desenvolvimiento del personal a su cargo.
La suspensión es consecuencia de un sumario administrativo en el que se investigó a once agentes que prestaban servicios en el área de jubilaciones y pensiones y que perpetraron un “robo hormiga” entre 2010 y 2021.Por otro lado, el gobernador también dispuso la destitución por cesantía del ahora ex sargento de la Policía Walter Pascual Retamal, quien entre el 18 de abril y el 15 de agosto de 2023, purgó un total de 77 días de arresto policial por diversas indisciplinas y múltiples sanciones. La Jefatura de Policía había pedido el castigo el 3 de enero de 2024.
También fue cesanteado el ahora ex agente de policía Alvaro Rafael Saavedra, tal como lo había pedido la Jefatura de Policía, el 2 de enero de 2024. Según se indicó al respecto, durante el período comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 y el 28 de agosto de 2023, tuvo un total de 62 días de arresto policial, en virtud de sus desacatos.
El tercer despedido es el ahora ex oficial principal Narciso Javier Iturra, cuya cesantía había sido pedida por la jefatura de Policía el 17 de noviembre de 2023. Según se informó al respecto, en el período comprendido entre el 6 de diciembre de 2022 y el 8 de octubre de 2023, contabilizó un total de 85 días de arresto policial.
