A través de la fiscal del caso Valeria Panozzo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) desestimó una denuncia presentada con el objetivo de que se investigue a autoridades del gobierno nacional, provincial y distintas personas que participan del plan vacunación contra el virus COVID-19.
A través de una resolución emitida el viernes pasado, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que los hechos denunciados por un grupo de personas de esta provincia, no constituyen delito.
“Si bien la documentación aportada fue extensa, solo me refiero a parte de ella para no extender mi argumentación, no obstante debo decir que analizada en su totalidad, la misma carece de aval científico”, indicó la fiscal del caso respecto al contenido de la denuncia.
Con este argumento, dispuso la desestimación de la presentación en la cual se planteó que el gobierno nacional, provincial y quienes participan en el plan de vacunación contra el COVID-19 habrían incurrido en los delitos de envenenamiento con medicinas, violación de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la medicina.
Panozzo especificó que “la referente y su grupo de pertenencia denuncian una serie de ilícitos, y aunque faltan precisiones, datos, información y evidencia, conforme lo requerí verbalmente en innumerables oportunidades, habré de dar respuesta a cada uno de sus interrogantes”.
Sobre el supuesto “envenenamiento con medicinas” indicó que “es más que evidente, que lejos se está de la figura en estudio, pues se aplican protecciones estrictas para garantizar la seguridad de todas las vacunas contra la COVID-19 siguiendo un procedimiento de validación reconocido a nivel mundial”. Añadió que “para recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los organismos normativos nacionales, las vacunas contra la COVID-19 se sometieron a pruebas exhaustivas en ensayos clínicos para demostrar que se ajustan a los valores de referencia internacionales de seguridad y eficacia”. Y destacó que “como ocurre con el resto de las vacunas, la OMS y los organismos normativos siguen monitorizando continuamente el uso de las vacunas contra la COVID-19 para confirmar que siguen siendo seguras para los que las reciben”.
Respecto al supuesto “ejercicio ilegal de la medicina” afirmó que “basta leer la norma (Código Penal), para que quede en evidencia que no estamos frente a esta hipótesis, pues sostener que cada persona que aplico una vacuna contra el Covid, ejerció ilegalmente la medicina, supondría investigar y acusar a gran parte del sistema de salud, entre otros”.
Y sobre la aparente “violación de los deberes de funcionario público”, puntualizó que “de la denuncia no se desprende cual sería autoridad que estaría cometiendo ese ilícito (nacional, provincial o municipal, etc.) ni cuál sería la resolución, orden”, más allá de efectuar “una mención genérica, no permitiéndome en consecuencia, expedirme al respecto, más allá de entender que este no es el fuero y ni la vía para resolver el planteo”.
En el escrito, la fiscal del caso sostuvo que las personas denunciantes podrán requerir una audiencia para debatir la resolución que adoptó.
