Según informaron, se realizarán medidas de fuerza en todo el país para visibilizar este problema y explicar a la sociedad «la gravedad de estas imputaciones, que generan inestabilidad laboral y jurídica a sus
empleados y a todo el sector turístico, del cual dependen muchas economías regionales».
El personal de la Administración de Parques Nacionales se mantiene en estado de alerta y movilización en el marco del avance de una causa en la que están acusados 4 guardaparques por «homicidio culposo, violación de deberes de funcionario público y lesiones graves» por un hecho ocurrido en enero de 2016 en el que perdieron la vida dos nenes al caer un árbol en el camping Lolen, en el parque Nacional Lanín.
Explicaron que el 1º de enero de 2016, en la propiedad privada conocida como Lolén, en jurisdicción del Parque Nacional Lanín: un árbol, de la especie endémica roble pellín, cayó hacia la playa del lago Lacar, provocando víctimas fatales. «Este lamentable hecho, aún genera un profundo dolor y desconsuelo en toda la sociedad. Como consecuencia de ello, actualmente cuatro agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) se encuentran procesados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de autor y violación de deberes de funcionario público y lesiones graves», expresaron.
Cuestionan que «la Fiscalía Federal asume que, es responsabilidad del personal de Parques Nacionales saber el día, la hora y la dirección en que se podrían caer cada uno de los millones de árboles que se encuentran en los Parques Nacionales del bosque Andino Patagónico».
Destacan que la caída de un árbol es un fenómeno propio de la dinámica natural del bosque, dado que los árboles son susceptibles de ser afectados por el clima, condiciones de sequía o humedad, movimientos de suelo,
hongos, insectos, entre otros tantos factores que condicionan a los seres vivos.
En este contexto, resaltaron que «los parques nacionales son áreas agrestes, existen riesgos inherentes a su visita, el personal de la APN no es responsable por los fenómenos naturales» y por ello «no es admisible ni es un hecho de justicia responsabilizar al personal de la APN de las múltiples eventualidades que puedan
ocurrir en la visita a extensas áreas naturales como: la mordedura de una serpiente, la caída de un árbol, el ataque de un puma, la picadura de un alacrán o de un mosquito».
Cuestionan qué podría suceder en caso de un fallo desfavorable: «¿Quién se animará a mantener abiertas las áreas de uso público? ¿Quién estará dispuesto a organizar actividades turísticas y recreativas en las áreas protegidas? ¿Quién querrá conducir grupos de visitantes para que puedan conocer nuestros Parques Nacionales?»
Afirman que «estas medidas no sólo afectan a los agentes de la APN,también podrían ser afectados prestadores de servicios, guías y concesionarios».
