Ante la inminente actualización de las tarifas de servicios públicos que se encuentran congeladas desde mediados del año 2019, la Senadora por Neuquén, Lucila Crexell, presentó un proyecto para modificar la Ley 23.349 de Impuesto al Valor Agregado, con el fin de que se elimine el impuesto del IVA con el que se grava a las tarifas de electricidad, gas natural, y aguas para los consumidores residenciales de las categorías más bajas.
Crexell resaltó que su propuesta “se encuentra en línea con los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la necesidad de garantizar el derecho humano de acceso de los usuarios a los servicios públicos esenciales”.
Hizo referencia así a la causa caratulada “FLP 8399/20l6/CSl Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo” del 2016, en la cual se destaca que “el Estado debe tener prudencia y rigor en la determinación de las tarifas a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios”.
La Senadora cuestionó la política de congelamiento de tarifas, porque “si bien tiene un objetivo claro para la población más vulnerable, finalmente es una distribución regresiva del ingreso, dado que se subsidia en mayor medida a los que más consumen”.
Crexell, del Movimiento Neuquino, al evaluar el peso de la carga impositiva sobre las tarifas, explicó que “el monto final de las facturas de estos servicios está conformado por la tarifa y los impuestos. Los impuestos se concentran principalmente en el Impuesto al Valor Agregado (21%), Ingresos Brutos (entre 2% y 4% dependiendo la provincia), y a ello se le suman las tasas municipales y otros impuestos de menor magnitud. En definitiva, entre el 25% y 30% del valor final de la factura que recibe el consumidor corresponde a impuestos, y ese porcentaje varía dependiendo la provincia y el municipio”.
En ese contexto, consideró que “se puede llevar adelante una política para compensar ese incremento con una reducción impositiva. De ese modo el peso final de un incremento tarifario sobre el ingreso disponible de las personas se verá aminorado.”
