La Provincia les dio de baja a dos ahora ex trabajadores de la planta permanente, que pertenecían al ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Ambos están condenados por la Justicia.
El gobierno de la provincia del Neuquén informó que, este lunes, les dio de baja de su planta permanente a dos ahora ex agentes que pertenecían al ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Se trata de Julio César Blanco y de Juan Carlos Santana, ambos condenados por diferentes delitos.
Las bajas quedaron vigentes a partir de la notificación del decreto 1097/24, en el caso de Santana, y del decreto 1096/24, en el caso de Blanco. Ambas cesantías fueron firmadas por el gobernador Rolando Figueroa.
Santana, que se desempeñaba como chofer en Desarrollo Social, había sido sentenciado a la pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por resultar coautor material y penalmente responsable del delito de robo calificado, por su comisión con arma de fuego. Una sentencia que fue confirmada por el Tribunal de Impugnación y desde 2018, fue confinado a condena en la Unidad 11.
Por su parte, Blanco también cuenta con una sentencia firme por ser autor penalmente responsable del delito de confabulación para la comercialización de estupefacientes (Artículo 29 bis de la Ley 23.737), un delito con pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Cabe recordar que el gobierno provincial ha avanzado, a través del Consejo Estratégico de Implementación (CEI) en conjunto con el Ministerio Público Fiscal, en la implementación de la desfederalización del narcomenudeo, en adhesión a la Ley Nacional 26.052, lo que permitirá a la Provincia investigar ese tipo de delitos.
La desfederalización posibilitará actuar de manera más rápida y eficiente, y la colaboración entre las distintas entidades gubernamentales que es vital para asegurar el éxito de esta iniciativa.
Desde el comienzo de su gestión, el gobernador Figueroa se propuso eliminar los gastos innecesarios del Estado y, al mismo tiempo, separar de sus cargos y funciones a agentes que no cumplen con sus tareas o directamente estén involucrados en delitos.
En los casos de Blanco y Santanta, la Asesoría General de Gobierno entendió que “no resultaba necesaria la procedencia del sumario administrativo para la baja del agente” y sugirió dar curso al procedimiento de baja automática”. Así se aceleró el despido de ambos.
Los decretos argumentaron que los delitos acreditados resultan manifiestamente incompatibles con la actividad estatal en general y recordaron las condiciones establecidas para el ingreso a la Administración Provincial y las buenas condiciones morales y de conducta.
