La Gerencia de Prevención de Lavado de Activos advirtió sobre movimientos inusuales en cuentas de empleados del Ministerio de Desarrollo Social, y en el manejo de Planes Sociales. Qué otros funcionarios ya designaron defensores. Soiza, Sánz y Osuna, por ahora en silencio pero con diferentes abogados. La audiencia que se espera para septiembre.
¿Hasta qué niveles del gobierno de la provincia de Neuquén están comprometidos en la estafa con planes sociales? ¿Sabían lo que pasaba, y si es así, desde cuándo? Parte de esta información empieza a salir a la luz, mientras la fiscalía de Delitos Económicos prepara una segunda tanda de acusaciones (¿y detenciones?) contra funcionarios presuntamente involucrados, que podría concretarse en septiembre.
La fractura del pacto de silencio dentro del sector de la banda que quedó al descubierto, podría derivar en un quiebre en sentido vertical y comprometer hacia niveles superiores. Nada resulta lineal en esta investigación, pero es una hipótesis.
El primer núcleo lo integran los ahora detenidos Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Néstor Pablo Sánz, exdirector de Fiscalización del Ministerio; y Marcos Ariel Osuna, exjefe del departamento de Gestión de Programas.
Por ahora Soiza, gravemente enfermo según él («esto pasó mientras me estaba muriendo», le manifestó a diario RÍO NEGRO en una audiencia), ha decidido soportar en silencio cuatro meses en una celda. Su abogado defensor Esteban Sampayo advirtió que probablemente el 5 de agosto del 2024, cuando cumpla 70 años, todavía estará detenido con preventiva sin sentencia firme.
Un peldaño más arriba
Un superior de Soiza, el Coordinador Provincial de Administración del ministerio de Desarrollo Social, Tomás Siegenthaler, ya fue intimado a designar abogado defensor. Lo mismo dos funcionarias de jerarquía del organismo. No es sinónimo de que les vayan a formular cargos, pero están en la lista de sospechosos.
Un peldaño más arriba del Coordinador figura el rango de ministro, si bien la fiscalía de Delitos Económicos afirma que todavía no logró reconstruir el organigrama del ministerio de Desarrollo Social, a un año de haber iniciado la investigación.
Porque en efecto está por cumplirse un año del momento en que se desató el escándalo, a partir de un hecho en apariencia aleatorio: un beneficiario de planes sociales se acercó al Banco Provincia de Neuquén a denunciar que su cuenta estaba vacía.
A partir de allí el Banco descubrió dos datos reveladores: que al hombre le habían depositado 49.000 pesos, mientras que él decía percibir 9.000; y que los fondos habían sido retirados por otra persona con su tarjeta de débito.
«Llamaron Tomás y Luciano»
Algo ya se percibía dentro del área de Planes Sociales. El 22 de julio, una empleada que cumplía funciones de «extractora» de dinero de los cajeros automáticos con tarjetas de débito ajenas, le contó a Néstor Sánz que se sentía vigilada mientras realizaba la tarea.
Según la investigación de los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, Sanz le mencionó que había recibido llamados de «Tomás» y «Luciano». Creen que aludió a Siegenthaler y Luciano Palma, otro director del ministerio.
El ministro Ariel Di Luca dijo a diario RÍO NEGRO en una entrevista antes de renunciar que Siegenthaler y Palma ocupaban roles en la cadena de autorización de los subsidios por arribade Soiza.
La cuestión es que desde ese 22 de julio, la mujer no volvió a su rol de extractora por orden de Soiza. El 27 de julio, siempre del 2022, el Banco Provincia de Neuquén bloqueó 198 tarjetas de beneficiarios de planes sociales presuntamente involucradas en el desfalco.
Para el Banco la situación distaba de ser novedosa. Y para el gobierno de la provincia de Neuquén, también.
La advertencia del BPN al gobierno de Neuquén
De acuerdo con un documento al que accedió diario RÍO NEGRO, el 23 de diciembre del 2020, la Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Banco Provincia de Neuquén les envió una nota oficial al ministro Jefe de Gabinete, Sebastián González, y a la entonces Ministra de Desarrollo Social, Adriana Figueroa.
«Se han detectado varias inconsistencias en el cobro de cheques librados por el ministerio a su cargo (se refiere a Figueroa) vinculadas a operaciones realizadas a empleados o contratados de dicho organismo y personas beneficiarias de planes sociales que generan ciertas inusualidades (…) Es nuestra intención solicitarle encuadrar la operatoria vigente según el marco regulatorio actual».
Continúa: «las operaciones bajo análisis y de las que sería necesario su encuadre dentro de las normas vigentes son aquellas relacionadas con las acreditaciones de cheques del Ministerio en cuentas particulares (generalmente) de haberes de empleados o personal contratado de dicho organismo, que por restricciones dispuestas por medidas de Covid-19 emitidas por el BCRA, no podían cobrarse por caja».
«También cabe agregar a aquellas operaciones de cobro de cheques librados por el Ministerio a su cargo en favor de beneficiarios de planes sociales, que han sido endosados y cobrados en ventanilla en período pre-Covid-19 por empleados o contratados del organismo».
¿Qué respondió el gobierno?
Los fiscales Vignaroli y Narváez confirmaron que esa nota está incorporada a la investigación. «Nos enteramos hace poco de su existencia. No sabemos cuál fue la respuesta del ministerio, estamos esperando que el Banco nos informe», dijeron.
Los manejos de subsidios entre 2020 y 2021, mediante cheques y tarjetas de débito, serían parte de la ampliación de la acusación que formularían en septiembre.
¿Quiénes son esos empleados o contratados por el Ministerio en cuyas cuentas se depositaban los cheques endosados? Ya circula una lista extraoficial con ciertos nombres. Al menos uno tuvo un cargo en el gabinete provincial.
Cambios en las defensas
La fisura entre los integrantes de la banda hasta ahora imputados manifiesta otros síntomas: casi todos tienen diferentes defensas. Ricardo Soiza se quedó con Esteban Sampayo; Néstor Sanz y su esposa, Isabel Montoya, designaron a Gustavo Palmieri; Marcos Osuna sigue con el defensor público jefe Fernando Diez. Están los tres con prisión preventiva confirmada por un tribunal revisor.
De los cuatro imputados arrepentidos, una es asistida por la abogada Sol Pérez de León y las otras tres por Antonella Carabelli. Un grupo más de imputados, que cumplían funciones de reclutadores y extractores, designaron a la defensa pública.
El abogado que los representó a todos durante la mayor parte del proceso, Alfredo Cury, ahora pasó al otro lado del mostrador y tuvo que designar defensor: eligió a Sebastián Perazzoli. En cuanto a Siegenthaler, lo asiste Pablo Gutiérrez.
