El hecho ocurrió hace un año. El empleado del hospital de San Martín de los Andes, fue denunciado por una compañera, se le inició sumario administrativo, fue investigado y finalmente cesanteado por la subsecretaría de salud.
A casi un año de la denuncia de una trabajadora del Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, la Subsecretaría de Salud, cesanteó a un empleado de dicho hospital, luego de una ardúa investigación.
El decreto 1651 publicado hoy en el Boletín Oficial de la provincia, luego de analizar toda la evidencia se tuvo por acreditada la responsabilidad administrativa del trabajador por «no haberse conducido con respeto, cortesía y tacto en las relaciones con sus pares el día 12 de enero de 2024, transgrediendo con su accionar las obligaciones impuestas a los empleados públicos».
La junta de disciplina tuvo en cuenta, además, que el hombre había sido denunciado ante el Poder Judicial por ejercer violencia de género en el ámbito laboral (encuadrado en la ley 2786), y se dictaron medidas cautelares de protección.
En el decreto se menciona que «se ha probado con suficiencia el hecho que se le imputa al agente, dado se encuentran reunidos los recaudos enunciados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para probar el acoso sexual, cuando la única testigo es la víctima en un ámbito de relativa invisibilidad, ya que se ha acreditado “credibilidad”, “coherencia”, “verosimilitud”, “persistencia” y “falta de mendacidad de la incriminación” en el testimonio de la víctima».
Por otro lado, «Se considera que efectivamente el agente se condujo erróneamente, que efectuó un acto objetivo de acoso, de contenido sexual, afectó la dignidad de la víctima, no solo por el entorno solitario (vestuarios de mujeres) que genera miedo, intimidación ante el acecho por el estado de indefensión que implica el contexto, sino que además fue degradante en cuanto la señora se estaba bañando, y también es ofensivo, en cuanto coarta los derechos básicos de intimidad, seguridad, e igualdad de género», remarcó el decreto.
Ese día el empleado se acercó a los baños exclusivos para mujeres y espió a la denunciante mientras se encontraba duchándose.
La sanción administrativa que se le impuso fue una cesantía, que está prevista dentro del estatuto del personal de la administración pública.
