La comisión especial que llevará adelante la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, tendrá un plazo de un año para trabajar y elevar a la Legislatura el anteproyecto del nuevo texto con las modificaciones que luego pasarán a ser debatidas en el seno de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.
Así se dispone en el proyecto de resolución que presentó ayer el vicegobernador Marcos Koopmann, que establece además que la comisión estará integrada por los diputados provinciales, un representante de la Presidencia de la Cámara, las autoridades del Poder Judicial de la provincia y los ministros que sean designados para tal fin por el gobernador Omar Gutiérrez.
Se deberá invitar además a integrantes de los Colegios de Abogados, Asociación de Magistrados, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Comahue y las instituciones afines para que sean parte de las deliberaciones.
“Como lo venimos manifestando desde que iniciamos este proceso, queremos avanzar en la redacción de un nuevo código con una participación amplia y plural, escuchando a todos los sectores, con el objetivo claro de hacer una Justicia más ágil y cercana, que brinde respuestas rápidas acorde a lo que está demandando la sociedad”, dijo Koopmann.
En ese sentido, destacó que “la importancia de esta reforma está dada por el hecho que incluye temas que nos atraviesan en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde un contrato de alquiler a una demanda por un accidente de tránsito, o el reclamo de una cuota alimentaria y que contempla además la creación de un Código de Familia que quedará separado de los fueros Civil y Comercial”.
“Apuntamos a que se incorporen nuevas herramientas no solo tecnológicas sino también procesales que alienten la resolución de los conflictos sin necesidad de llegar a juicio”, dijo el vicegobernador.
Las funciones de la Comisión Especial de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial, serán, entre otras: definir la metodología a aplicar para asegurar la participación de todos los sectores, sin parcialidades ni exclusiones; receptar los aportes realizados por la ciudadanía y demás organizaciones; elaborar pautas de organización y funcionamiento, y documentación soporte para los debates; establecer una metodología de trabajo para el desarrollo del temario, que permita su análisis sistemático e integral.
Se establecen como principios rectores de la reforma la oralidad, simplicidad, inmediación del juez con las partes, celeridad, transparencia en la administración de justicia, buena fe procesal, plazos razonables y perentorios, gratuidad, motivación, respuestas oportunas y ágiles, incorporación de métodos alternativos de resolución de conflictos e incorporación de nuevas herramientas tecnológicas al proceso.
