El gobierno de la provincia del Neuquén presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia penitenciaria durante tres años (con opción a prórroga por idéntico período) y ampliar la capacidad de alojamiento de los establecimientos carcelarios.
La iniciativa que ingresó a la Legislatura neuquina no sólo responde a las urgencias edilicias, sino también a los aspectos organizativos, funcionales, operativos, preventivos, asistenciales, de personal y de servicios en los establecimientos carcelarios y dependencias destinadas al alojamiento, custodia y guarda de personas encausadas, procesadas o condenadas por los órganos judiciales.
Propone, además, optimizar y capacitar los recursos humanos disponibles en el Cuerpo Penitenciario de la Policía del Neuquén, así como también el fortalecimiento de todas las medidas de seguridad.
El proyecto autoriza al Ministerio de Seguridad (autoridad de aplicación) a adquirir a través de la contratación directa -de acuerdo a la Ley 2141 de Administración Financiera y Control- los bienes, servicios e insumos necesarios para afrontar la emergencia, con independencia del monto e informe fundado. Del mismo modo, faculta a dicha cartera a efectuar las contrataciones directas de obras destinadas a penitenciarías u otras dependencias.
También autoriza al Ejecutivo provincial a realizar operaciones de crédito público por un monto total de hasta 50.000.000 de dólares estadounidenses o su equivalente en pesos u otras monedas, para ser aplicados a la atención de la emergencia penitenciaria.
En sus argumentos, el Ejecutivo expuso que en los últimos años la provincia del Neuquén exhibe estadísticas alarmantes en materia penitenciaria. La capacidad total real de plazas actualmente es de 443 habilitadas en las distintas unidades tanto del área capital (N11, Nº 12 y Nº16) e interior (Nº21/22 de Cutral Co, Nº31/32 de Zapala, Nº41 de Junín de los Andes, Nº42 San Martín de los Andes y Nº51 Chos Malal).
En la actualidad, el número de internos excede ampliamente la capacidad de las instalaciones. En total, hay 540 internos condenados alojados en las unidades de la capital y 90 alojados en las comisarías del área capital, siendo 63 internos procesados y 27 condenados. En las comisarías del interior de la provincia, sucede algo similar, con un total de 52 internos alojados, de los cuales 24 están procesados y 28 están condenados. Esto hace que sea imprescindible ampliar la capacidad de alojamiento.
También existe un Habeas Corpus, a partir del cual la Justicia neuquina ordenó el cese de ingresos de internos a las unidades carcelarias, y le dio plazo al Ejecutivo para tomar medidas que ayuden a aliviar la crisis de sobrepoblación carcelaria. Del mismo modo, se ha dispuesto la realización de todas las reformas necesarias para garantizar las condiciones de vida y salubridad adecuadas.
Las obras incluirían la construcción de módulos de alojamiento, talleres, escuelas y áreas de seguridad completas, así como un plan integral de ampliación penitenciaria. Además, se deberían realizar las labores complementarias de mantenimiento en las unidades mencionadas. Asimismo, es esencial brindar acceso a la educación, programas de laborterapia y cualquier otra capacitación necesaria.
Todas estas medidas tendientes a dar cumplimento a los pactos internacionales, Constitución Nacional, Ley 24.660, Constitución provincial sobre el tratamiento de las personas a disposición de la Justicia.
La atención a la crisis penitenciaria en la Provincia es solo una faceta visible de un plan de seguridad integral que necesitamos implementar de manera urgente. Es vital que todas las personas cuenten con instituciones de seguridad sólidas, capaces de brindar protección y tranquilidad a la ciudadanía, expuso el Ejecutivo en sus argumentos.
En la actualidad, el sistema se encuentra en un momento crítico en el que resulta imperativo tomar medidas decisivas para abordar esta situación. Durante años, este problema ha permanecido oculto detrás de soluciones temporales y precarias, lo que ha generado una sensación generalizada de inseguridad en nuestra sociedad.
Las fugas y los comportamientos inaceptables por parte de los internos representan un peligro constante para la comunidad. En lugar de ser espacios seguros para los ciudadanos, las comisarías se han convertido en lugares de refugio para los internos, desviándose de su verdadero propósito como garantes de la seguridad pública, sumado a que las mismas no están diseñadas para el alojamiento permanente de personas privadas de la libertad, argumentó el Ejecutivo.
