En 2002 y por Ley nacional 25.633, se fijó el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se trata de la conmemoración de uno de los episodios más funestos de nuestra historia, sino el que más, iniciado con el golpe cívico-militar de 1976, que azotó a los y las argentinas y dejó un saldo de 30.000 muertos y desaparecidos.
En este día se impone la reflexión sobre aquella noche triste que habría de cernirse sobre el país hasta 1983, no sólo llevándose la vida de millares de familias enteras, sino también destruyendo buena parte del aparato productivo.
Los Videla, los Massera, los Agosti, los Martínez de Hoz, fueron algunas pocas de las caras visibles de aquella tragedia nacional, pero en modo alguno los únicos responsables, pues junto con ellos se puso en marcha un aparato que penetró en todas y cada una de las capas de las instituciones de la República, convirtiéndolas en fantasmas al servicio de aquellos intereses.
Las Fuerzas Armadas con el apoyo de sectores económicos y políticos produjeron una sistemática violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; verdadero terrorismo de Estado que extendió sus garras cobijado a su vez por un plan continental al sur de las Américas, con Argentina y Chile como ejes… el tristemente célebre Plan Cóndor.
En su artículo 2, la Ley 25633 dice: En el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios escolares de jornadas alusivas al Día Nacional instituido por el artículo anterior, que consoliden la memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos.
Es, de algún modo, la consagración de aquel “Nunca Más” que alumbró a la democracia desde la labor de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, creada por el Presidente Alfonsín, y cuyo informe puso en evidencia el sistemático operativo de desapariciones forzadas secuestros y muertes. No fueron excesos de un grupito de locos criminales, fue un plan pensado y ejecutado para sostener a sangre y fuego una forma de pensamiento único y funcional a los intereses de ciertos poderosos.
La Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes, quiere unirse a cada argentino y argentina, a cada vecino y vecina de nuestra ciudad, en la memoria colectiva de aquellos terribles sucesos, para que renovemos cada vez más fuerte el grito: ¡Nunca Más!
