El incendio dejó 194 muertos y más de 1.400 heridos. La falta de controles, el sobreaforo y la corrupción expusieron las fallas estructurales del sistema.
El 30 de diciembre de 2004, un incendio desatado en el boliche República de Cromañón durante un recital de la banda Callejeros dejó un saldo de 194 muertos y más de 1.400 heridos. El hecho expuso fallas estructurales, negligencia estatal y un sistema profundamente corrompido que impactó de forma duradera a la sociedad argentina.
Esa noche, una bengala encendida por un asistente prendió fuego una media sombra inflamable que cubría el techo del lugar. El material, prohibido por su peligrosidad, se inflamó rápidamente. En cuestión de minutos, el humo denso llenó el espacio, causando asfixia y pánico entre los más de 4.500 asistentes, una cifra que superaba ampliamente la capacidad habilitada de 1.031 personas.
Las puertas de emergencia, bloqueadas por los organizadores, agravaron la situación. Los bomberos lograron abrir uno de los accesos después de varios minutos, revelando una escena devastadora: decenas de cuerpos colapsaron al suelo, evidenciando las consecuencias de la falta de controles.
Las 194 víctimas de Cromañón
El sistema de ventilación y las rutas de escape del boliche no cumplían con las normativas vigentes. Además, los extintores eran insuficientes y muchos estaban en mal estado. Estas fallas, sumadas al sobreaforo, transformaron el lugar en una trampa mortal.
Las consecuencias inmediatas de Cromañón
Las víctimas fallecieron principalmente por inhalación de gases tóxicos, mientras que los sobrevivientes enfrentaron un trauma que persistió por años. Un número significativo de heridos padeció secuelas físicas y psicológicas. En los años posteriores, 17 personas relacionadas con el evento se quitaron la vida, incapaces de sobrellevar el impacto de la tragedia y la falta de apoyo estatal.
El caos se extendió por Buenos Aires, con familiares y amigos buscando desesperadamente a sus seres queridos. La ciudad vivió días de confusión y dolor, mientras quedaban al descubierto irregularidades que habían permitido el funcionamiento del local.
En paralelo, la sociedad comenzó a exigir respuestas. Surgieron organizaciones de familiares y sobrevivientes que lucharon por mantener la memoria viva y reclamar justicia. La tragedia también impulsó cambios en las regulaciones para locales de entretenimiento, aunque su implementación fue lenta y desigual.
Los juicios y la responsabilidad
En 2007, se condenó a tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos por aceptar sobornos para permitir las condiciones inseguras en el boliche. Omar Chabán, gerente de Cromañón, y su colaborador Raúl Villarreal enfrentaron juicios junto con funcionarios públicos y miembros de Callejeros, quienes inicialmente fueron absueltos. Sin embargo, en 2011, la Cámara de Casación revocó las absoluciones, declarando a la banda coorganizadora del evento.
El tercer juicio, en 2012, amplió el alcance de las responsabilidades, incluyendo al director del Servicio de Seguridad Privada y un inspector del gobierno porteño acusado de recibir sobornos para habilitar el lugar. En total, más de 20 personas fueron procesadas, pero las penas no lograron reparar el daño ni satisfacer las demandas de los afectados.
Reflexión a 20 años
La tragedia de Cromañón marcó un punto de inflexión en la conciencia social sobre la seguridad en espectáculos masivos y la corrupción en habilitaciones. La tragedia sigue siendo un recordatorio de las vidas perdidas y de un sistema que permitió que ocurriera.
En estos años, se realizaron homenajes, murales y actos conmemorativos para honrar a las víctimas. Las familias continúan exigiendo justicia, mientras que la sociedad argentina recuerda la necesidad de evitar que hechos similares se repitan.
La masacre dejó cicatrices profundas en miles de personas y puso en evidencia los riesgos de la negligencia en espacios públicos. A dos décadas, Cromañón sigue siendo un símbolo de lucha por un país más seguro y justo.
