Se trata del caso que tuvo como víctima a una vecina de San Martín de los Andes. Un tribunal de jueces lo declaró culpable en junio.
Mediante un acuerdo de partes, un sanmartinense condenado por tener secuestrada y violar a una joven bajo amenaza por cinco meses, aceptó ir 10 años tras las rejas. La sentencia llega a un año del inicio de la investigación.
Cabe recordar que el caso, que conmocionó a toda la provincia, comenzó en marzo de 2021, cuando la víctima conoció al hombre a través de amigos en común algunos días antes de quedar secuestrada, en una reunión, según detalló el entonces fiscal del caso Maximiliano Bagnat -hoy juez de garantías-. Posteriormente, la joven se volvió a cruzar con el hombre pero continuaron sin demasiada interacción, hasta que él la invitó a pasar por su casa una tarde a tomar unos mates.
Era bajo la completa seguridad del control que tenía sobre la joven que el hombre siguió haciendo su vida habitual e iba a trabajar todos los días.
Finalmente, tras cinco meses, la joven aprovechó un día en que se quedó sola, se animó a pedir ayuda y escapó de la vivienda de su captor. Sin embargo, las amenazas continuaron y recién dos semanas después de recuperar su libertad, logró reunir el coraje para denunciarlo ante la Justicia de San Martín de los Andes.
Por todo ello, el fiscal jefe Rómulo Patti y la asistente letrada Lucila Maggiora llevaron al violento a juicio en junio pasado, tras el cual un tribunal lo declaró penalmente responsable por los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por el empleo de armas -continuado-, en concurso real con tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil -dos hechos-.
Lo que aún restaba por definirse era la pena privativa de la libertad que debería cumplir el violador condenado, y tras algunas conversaciones entre las partes, se pudo evitar el juicio de cesura y acordar un monto. Ese acuerdo fue presentado esta semana y estipula que el hombre sea sentenciado a 10 años de prisión efectiva.
Para solicitar el monto de pena, Patti indicó que la fiscalía tuvo en cuenta como atenuante la carencia de antecedentes penales. Y como agravantes remarcó la naturaleza de la acción, los modos para ejecutarla y la extensión del daño causado. «Nos encontramos ante una víctima que es mujer, que estaba en una condición extremadamente vulnerable”, indicó el fiscal jefe.
Patti solicitó también que se extienda la medida cautelar que viene cumpliendo el imputado, es decir la prisión preventiva, hasta el 19 de diciembre de 2022, ya que se mantiene vigente el riesgo procesal de peligro de entorpecimiento y la consideró necesaria hasta que la sentencia quede firme y el condenado sea trasladado a un penal.
El tribunal colegiado interviniente homologó el acuerdo de las partes en todos sus términos y extendió la prisión preventiva del imputado.
