Viernes 17.08.2018 | 02:43

Defensorías patagónicas piden incorporar la “pobreza energética” en facturas de luz y gas

Imagen de lacar

Las Defensorías del Pueblo de la Patagonia celebraron su primer plenario anual en San Martín de los Andes, oportunidad en la que aprobaron un documento que reclama la incorporación del concepto de Pobreza Energética a las tarifas de electricidad y gas, con el objeto de que el pago de esos servicios no pueda en ningún caso comprometer más del 10 por ciento de los ingresos familiares.

 

Asimismo, aprobaron el reglamento del Observatorio Ambiental Patagónico, creado por las mismas defensorías en 2017, y que permitirá trabajar en distintos aspectos de la realidad que afectan el ambiente de las provincias patagónicas.

Los defensores y defensoras también acordaron designar en breve a los representantes de las defensorías que integrarán la Comisión Directiva del Observatorio Ambiental, cuya coordinación quedará a cargo de la Defensoría del Pueblo y del Ambiente de San Martín de los Andes.

Del encuentro participaron los defensores y defensoras Andrés Peralta, de Centenario; Beatriz Oñate, de Bariloche; Belén Aragón de Zapala y Fernando Bravo de San Martín de los Andes, con la adhesión de las defensorías de la ciudad de Neuquén, cuyo titular es Ricardo Riva; de la provincia del Chubut, bajo la responsabilidad de Héctor Simionati, y de la provincia de Río Negro, cuya defensora es Adriana Santagati.

El plenario se cerró con la presentación del licenciado Rubén Kalmbach, coordinador del grupo Link 4 Refugees, quien expuso sobre acciones y coordinación  para la integración de Refugiados y Migrantes en el país y la Patagonia.

 

Pobreza energética

 

Una definición del concepto “Pobreza Energética” puede extraerse del documento "Energy Poverty Handbook - 2016" (Unión Europea): "Un hogar sufre de Pobreza Energética si para mantener satisfactoriamente una temperatura adecuada (calefacción), requiere gastar más del 10% de sus ingresos totales en energía. Si requiere el 20%, entonces el hogar pasa a estar en situación de extrema pobreza. De acuerdo a estándares de la OMS, un régimen de calefacción satisfactorio para un hogar es de 23 grados centígrados en el living y 18 en otros ambientes (Energy Action Scotland, 2016)".

En la Argentina existe la “tarifa social”, pero está basada sólo en criterios de ingresos, pertenencia a planes sociales, inscripción al monotributo social, certificación de discapacidad, seguro de desempleo, etc.

Es decir, no existe relación entre tarifa social y consumos de energía según las exigencias que imponen las condiciones geográficas y las latitudes con climas extremos de nuestra región. Por tanto, un hogar que no reúne las condiciones para acceder a la tarifa social, igualmente puede ser pobre en materia energética porque sus necesidades obligadas de consumo de fluido le ponen en esa situación, no querida ni buscada. Todo ello, sin siquiera considerar el mal uso de la energía, traducido en ineficiencias que se podrían corregir merced a una adecuada legislación, política de incentivos fiscales a la construcción energéticamente eficiente y muy activas campañas de difusión

Frente a ase cuadro, los defensores reunidos en San Martín de los Andes acordaron realizar desde el Observatorio Ambiental Patagónico y con el concurso de las Defensorías patagónicas, una intensa gestión con las autoridades políticas para que conforme relevamientos sociales a convenir y declaraciones juradas, se trabaje en la identificación de los hogares que en nuestra extensa región quedarían comprendidos bajo el concepto de pobreza energética. Por tratarse de un concepto dinámico, tal relevamiento debería actualizarse cada 24 meses, a la par de ser condición para renovar por el mismo período el beneficio resultante.

El objetivo sería instalar una nueva categorización que, sin perjuicio de la aplicación de la tarifa social, permita incluir más hogares en un tratamiento diferenciado sobre la base del concepto de pobreza energética, que podría tener por resultado un subsidio direccionado a mantener tales hogares bajo la línea del 10 por ciento de afectación de sus ingresos familiares destinados al consumo de energías utilizables para calefaccionamiento (energía eléctrica, gas por red o por garrafas, tubos, zeppelines, etc; compra de leña, etc,).

 
 
 
 
 

 

 

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