Jueves 23.11.2017 | 04:27

Concejales del PRO impulsan Proyecto de Comunicación sobre "Adoctrinamiento Escolar CTERA"

Imagen de lacar

Concejales del bloque PRO-CAMBIEMOS de San Martín de los Andes  expresaron su preocupación por la campaña de adoctrinamiento impulsada por el gremio CTERA a través de la difusión de materiales didácticos y la realización de actividades en diversas escuelas del país con el objeto de intervenir políticamente en la discusión pública del caso Maldonado, circunstancia que afecta los derechos de niñas y niños a la educación y a la formación de una opinión libre. Además de comunicar el Proyecto de Comunicación al gremio CTERA, Honorable Legislatura del Neuquén, Consejo Provincial de Educación.

 
 

Los fundamentos del Proyecto de Comunicación se dan en el marco de la campaña impulsada por el gremio CTERA que busca intervenir políticamente en la discusión pública del caso Maldonado, usando como herramienta y nexo, el sistema educativo.

 

 

Esta campaña se llevó adelante a través de la realización de actividades en las escuelas y la difusión de materiales didácticos (cuadernillos específicos para nivel inicial, primario y secundario) que no corresponden al diseño curricular de cada institución y provincia, y dan por verificada una de las hipótesis de la investigación (desaparición forzada; art. 142 ter del Código Penal) en forma prematura e irresponsable.

             

Es preciso recordar, ante todo, que el art. 13 de la Convención de los Derechos del Niño establece que éste “tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo (…)”. El art. 14 de este instrumento dispone, por su parte, que se respetará “el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”. En el ámbito nacional, el art. 19 de la Ley 26.061 (Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes) incluye, dentro del derecho a la libertad, el derecho de niñas y niños a “tener sus propias ideas (…) según el desarrollo de sus facultades”, y a “expresar su opinión en los ámbitos de su vida cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad y la escuela”.

 

El planteo de una desaparición forzada en el caso Maldonado, cuando esta hipótesis aún está siendo investigada en el marco de una causa judicial, conspira contra el derecho de niñas y niños a formarse una opinión libre en el asunto, afecta su derecho a la educación y no se corresponde con el diseño curricular de cada establecimiento y provincia. Esta forma de adoctrinamiento político constituye una vergonzosa interferencia del mundo adulto en el mundo de las niñas y niños.

 

La irresponsabilidad de los gremios y docentes que aplicaron esta campaña en nuestras escuelas viola en forma directa los objetivos educativos consagrados en los arts. 11, 27 y 29 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, contrariando su espíritu. (ver anexo 1). En particular, el art. 67 de esta norma establece las obligaciones de los docentes de todo el sistema educativo, entre las que enumera: “a) A respetar y hacer respetar los principios constitucionales, las disposiciones de la presente ley, la normativa institucional y la que regula la tarea docente (…) b) A cumplir con los lineamientos de la política educativa de la Nación y de la respectiva jurisdicción y con los diseños curriculares de cada uno de los niveles y modalidades (…) d) A ejercer su trabajo de manera idónea y responsable (…) f) a respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

 

Es evidente que no se han respetado estas obligaciones en el marco de la campaña en cuestión, ya que los materiales y contenidos propuestos por ésta se apartan de los lineamientos educativos y los marcos pedagógicos correspondientes, poniendo de manifiesto una clara irresponsabilidad por parte de los docentes involucrados, y afectando los estándares de calidad educativa que el Estado debe garantizar (art. 84 de la Ley de Educación Nacional). (ver anexo 1).

 

El art. 5 – inc. “d” de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales establece, como derecho de estas asociaciones, “formular su programa de acción y realizar todas las actividades lícitas en defensa del interés de los trabajadores. En especial ejercer el derecho a negociar colectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar demás medidas legítimas de acción sindical”.

 

Como podemos ver, la fijación de los diseños curriculares no se encuentra entre las atribuciones de los gremios, sino que corresponde a los ministros de educación de las provincias en el marco del Consejo Federal de Educación. El Ministerio de Educación, en particular, debe acordar con el Consejo Federal de Educación “estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria” (art. 85 inc. “a” de la Ley de Educación Nacional).

 

Existe también un ámbito de libertad dentro de cada escuela para abordar los temas de actualidad, pero éste en modo alguno puede confundirse con el impulso sindical de campañas de adoctrinamiento político-partidario. Al ignorar todas estas normas, aquellos que participaron de esta campaña plantearon una relación asimétrica con sus alumnos, abusando de su carácter de docentes para describir una hipótesis de investigación como si se tratara de un hecho judicialmente verificado. Esta forma de abuso de poder constituye un adoctrinamiento político inadmisible en nuestras escuelas. Corresponde que este Concejo Deliberante tome posición frente a estos hechos que son de público conocimiento.

 

 

 

 

 

 

 

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