Viernes 17.08.2018 | 06:17

 

Adhesión a las modificaciones de la Ley de Riesgos de Trabajo

Imagen de lacar

La Cámara de Diputados de la provincia aprobó hoy, en general y por mayoría, la adhesión al Título I de la Ley Nacional N°27.348, complementaria de la ley de riesgos de trabajo que establece la conformación de comisiones médicas como instancia previa a la judicial a la que el trabajador o trabajadora deberá concurrir en casos de demandas por enfermedad o accidentes laborales. Así lo aprobó hoy en la 16º sesión ordinaria del cuerpo, que comenzó a las 10.45 con la participación de 32 diputados y diputadas y bajo la presidencia del vicepresidente 1º, Pablo Bongiovani. En la hora de Otros Asuntos, diputados y diputadas de distintos bloques se refirieron al rechazo del Senado a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y destacaron la movilización social que se produjo en relación al tema. 

 

La adhesión a la ley nacional complementaria de riesgos de trabajo contó con 15 votos positivos provenientes de los bloques del MPN, UCR, Nuevo Compromiso Neuquino y PRO. Los diputados Sergio Gallia (Adelante Neuquén), Francisco Rols (FRIN) y Carlos Sánchez (UP-UNA) se abstuvieron de votar.

 

Como miembro informante, la diputada María Laura du Plessis (MPN) dijo que “no es una adhesión lisa y llana” y explicó que la propuesta elevada por el Poder Ejecutivo provincial fue modificada en las comisiones parlamentarias a partir de observaciones de representantes de los Colegios de Abogados de la provincia. Hizo un recorrido sobre la historia normativa de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y remarcó que la ley no es inconstitucional y establece como obligatoria y previa a la instancia judicial la vía administrativa en las comisiones médicas. Acotó que el procedimiento “trae tranquilidad a varias Cámaras de Comercio de la provincia”. Su compañero de banca, Mario Pilatti (MPN), opinó que la adhesión representa una oportunidad de organizar mejor a la sociedad y explicó que se trata de “un seguro contra una contingencia”.

 

El diputado Damián Canuto (PRO) –quien también actuó como miembro informante– aseguró que la ley “subsanará defectos que arrastra” la normativa vigente desde inicios de la década del ’90. Mencionó datos estadísticos según los cuales la litigiosidad se incrementó en un 173% mientras que hubo una merma de casi un 50% en la siniestralidad en el periodo 2015-2016. En cuanto al planteo de inconstitucionalidad expresado por otros diputados, Canuto aseguró que la ley “no circunscribe ni impide la intervención de la justicia ordinaria al incorporar un mecanismo administrativo totalmente habilitado” y remarcó que se modificó el plazo de acción de las comisiones médicas y se garantizó la accesibilidad en toda la provincia.

 

Al fundamentar el voto negativo, la diputada Angélica Lagunas (FIT) dijo que “la ley favorece a las ART” con el objetivo de reducir la capacidad de los trabajadores de iniciar juicios. Aseguró que las comisiones médicas estarán integradas por trabajadores de las ART y cuestionó que la ley no ataca “el problema de fondo” que es la falta de inversión de la patronal en condiciones óptimas de seguridad e higiene en el ámbito laboral.

 

La diputada Pamela Mucci (FN) expresó que la ley no obedece al “principio protectorio del trabajador” y vulnera la garantía de acceso a la justicia. Señaló que la adhesión implica que las comisiones médicas van a ser reguladas por un órgano ejecutivo nacional y no jurisdiccional. En ese sentido, sostuvo que la ley “es una inconstitucionalidad manifiesta” porque Neuquén tiene su propio ordenamiento institucional. Su par de banca, Mariano Mansilla, advirtió que se trata de una ley impulsada por las multinacionales “a medida de las ART” que “perjudica a nuestros comprovincianos”, y recordó que “todos los abogados neuquinos” están en contra.

 

Por el PTS-FIT, el diputado Raúl Godoy cuestionó que la ley beneficia a “empresas que lucran con la salud y la vida de los trabajadores”, al tiempo que viola las autonomías provinciales y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. En tanto, Guillermo Carnaghi (FpV) sostuvo que la norma “es jurídicamente inviable, inconstitucional e inadecuada al sistema judicial de nuestra provincia”.

 
 
 

 

 

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